En el marco de las fuertes lluvias que vienen afectando a diversas regiones del país y ante la preocupación por la falta de culminación de obras preventivas en las quebradas de Trujillo, el candidato a diputado por La Libertad con el número 1 del partido político Perú Primero, Saúl Tacar, enfatizó la necesidad de priorizar la fiscalización de los recursos públicos destinados a la prevención y atención de emergencias, con el objetivo de garantizar una ejecución oportuna y eficiente que evite mayores daños a la población.

“Hemos estado viendo que en muchas regiones del país se vienen registrando daños y nos están agarrando desprevenidos. A pesar de que es un tema recurrente, no se le ha dado la atención necesaria y se priorizan otros gastos”, expresó.

En esa línea, el candidato sostuvo que la solución no pasa por ofrecer promesas populistas ni por plantear incrementos presupuestales sin sustento técnico, sino por ejercer un verdadero control político. Señaló que es indispensable revisar cómo se vienen ejecutando los recursos ya asignados y evaluar el avance real de los proyectos de prevención, especialmente aquellos vinculados a infraestructura frente a desastres naturales, a fin de evitar retrasos o deficiencias que puedan agravar los efectos de las lluvias.

“Sería ilógico y populista decir que simplemente hay que poner énfasis en tales obras. Pero sí podemos, como diputados, representar y viabilizar mecanismos de fiscalización. Yo creo que se debe realizar una supervisión, tanto a nivel nacional como incluso con apoyo técnico externo, para conocer qué ha pasado con el ANIN”, manifestó.
Asimismo, advirtió que en contextos de declaratorias de emergencia se requiere un control aún más estricto. Indicó que podrían generarse justificaciones para la asignación de recursos sin la debida transparencia, lo que obliga a establecer mayores restricciones y mecanismos de supervisión. “Mientras muchos ciudadanos viven la desesperación por la necesidad, otros pueden estar pensando en cómo sacar más dinero del Estado”, agregó.
Finalmente, planteó la necesidad de reorganizar y reformular los criterios bajo los cuales se gestionan los fondos ante desastres naturales, estableciendo un marco legal que garantice auditorías permanentes tanto a nivel nacional como en municipalidades, asegurando que el dinero llegue efectivamente a quienes lo necesitan y cumpla su finalidad preventiva.